• La
medida afecta a dos ciudadanos acusados de colaborar con ataques.
• Organismos de derechos humanos advierten precedentes legales peligrosos.
Jerusalén
— El
primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aprobó la revocación de la
ciudadanía y la deportación de dos palestinos con nacionalidad israelí acusados
de colaborar con atentados, en una decisión que ha reavivado el debate sobre
derechos civiles, seguridad nacional y el alcance del poder del Estado. La
medida fue avalada por el gabinete de seguridad y se aplicó bajo disposiciones
legales excepcionales, en un contexto marcado por el recrudecimiento del
conflicto y la presión interna para reforzar políticas de disuasión.
El gobierno
israelí defendió la decisión como un instrumento para combatir el terrorismo,
argumentando que quienes atenten contra el Estado no pueden conservar los
derechos que otorga la ciudadanía. Funcionarios señalaron que se trata de una
respuesta ejemplarizante destinada a prevenir nuevos ataques, aunque
reconocieron que el uso de esta herramienta es poco frecuente y altamente
sensible.
Organizaciones
de derechos humanos nacionales e internacionales advirtieron que la revocación
de ciudadanía podría sentar un precedente discriminatorio, al aplicarse
principalmente a ciudadanos árabes israelíes, y alertaron sobre posibles
violaciones al derecho internacional y a principios básicos de igualdad ante la
ley.
